Los terrenos permanecían tomados desde hace 3 meses por miembros de la familia Pakarati, quienes fueron formalizados por los delitos de amenazas, violación de morada con intimidación y usurpación. Señalaron que Carabineros “entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían”.
Olate dejó el penal de Santiago 1, donde se encontraba en prisión preventiva desde el 30 de octubre pasado, pero continuará bajo arresto domiciliario y arraigo nacional, lo que le impide salir del país, según lo dispuesto por el magistrado.
"Es una querella simbólica porque es la primera vez que estamos diciendo con todas sus letras: las mujeres fueron torturadas durante el gobierno militar y la forma de tortura que sufrieron fue la violencia sexual", dijo la abogada Paulina Maturana.
“Se trata, como ocurre en más de cien países que cuentan con este tipo de instituciones, que quienes habitamos en Chile dispongamos de un espejo en el que mirarnos y revisar críticamente los avances y retrocesos que hemos tenido como sociedad en la vigencia y respeto a los derechos humanos”, dijo la Directora en su presentación.
“Lo que me ha llamado la atención es la inhumanidad. Creo que el diagnóstico todos lo han hecho, hasta el Presidente lo ha hecho, diciendo que esto es inhumano, y lo que a mí me preocupa es que esta cosa sirva para que de una vez por todas se haga algo para diminuir la cantidad de gente que está en las cárceles, para que den la libertad como lo pedían los obispos hace unos meses”, expresó.
En la diligencia estuvo presente la viuda, Moy de Tohá, el abogado, Nelson Caucoto y abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Cabe recordar que José Tohá murió mientras se encontraba internado en el antiguo Hospital Militar de Santiago, donde permanecía hospitalizado a raíz de diversas torturas aplicadas por agentes de la dictadura mientras estuvo detenido en la Academia de Guerra Aérea.
Así lo señalaron ex prisioneros en el juicio que se sigue en Chile contra el militar que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de EE.UU.
Herman Carrasco lo acusó de haberlo torturado junto a otros prisioneros. "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró Carrasco. Otro ex detenido, Víctor Maturana, testimonió que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".
14 de diciembre: Un vuelco tuvo ayer en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la resolución que la semana pasada le otorgó la libertad a Andrea Macarena Urzúa Cid una de las personas que la Fiscalía Metropolitana Sur sindica como parte del grupo anarquista que ha colocado bombas en distintos puntos de la capital en los últimos cinco años.
A la joven se la involucró en este caso el 18 de septiembre de 2008, cuando fue detenida por intentar ingresar explosivo TNT a la cárcel de Neuquén, en Argentina. Allí estaban recluidos los ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, hoy detenidos e imputados por el asalto al Banco Security de octubre de 2007, en el que fue asesinado el carabinero Luis Moyano.
Así lo señalaron los senadores gremialistas Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Jovino Novoa tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para conocer las gestiones con el gobierno trasandino sobre la extradición de quien es sindicado como uno de los autores del crimen.
En la cita, también estuvo el abogado Claudio Grossman, a quien la UDI pidió asesoría “para que nos permita acceder a la justicia”. Grossman es, además, presidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y miembro del directorio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Fríes expresó, sobre el caso, que van a estudiar eventuales querellas agregando que “nosotros no actuamos como resorte del Ministerio del Interior, menos aún cuando se nos comunica por la prensa que tenemos que hacer uso de nuestras facultades. Nosotros somos un organismo autónomo y decidiremos lo que conviene hacer con el mérito de nuestra propia investigación”.
Según lo establecido en la ley 20.405, esta comisión debe entregar el próximo 17 de febrero los resultados de la calificación de aquellos casos que quedaron fuera del registro anterior, realizado en 2003 por la comisión liderada por el sacerdote Sergio Valech, quien falleció el 24 de noviembre pasado.
Los comisionados pidieron que se patrocine en el Congreso una ampliación del plazo por seis meses para la entrega de los resultados de este informe.
17 de diciembre: El Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Se trata de los casos de Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández.
El fiscal general Pierre Kramer solicitó una condena de 20 años de prisión contra el ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras. No obstante, el juez Hervé Stephan consideró grave la responsabilidad de Contreras en el caso y lo condenó a presidio perpetuo. A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, sostuvo el magistrado al leer la sentencia.
El general (R) Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que el coronel (R) Marcelo Luis Moren Brito y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.
El denunciante, auxiliar de ese servicio, José Corvacho, señaló que el 30 de noviembre supo que no se le renovaría el contrato. Asevera que al consultar a Piña sobre las razones, éste le habría respondido: "No trabajo con negros".
Corvacho afirma que tras oír aquello, pidió ayuda legal a la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente de la comuna de Arica, que solicitó una investigación al gobierno, la que está en curso.
29 de diciembre: Tres carabineros dados de baja hace 22 meses por su presunta responsabilidad en la desaparición del joven José Huenante, en 2005, serán reincorporados al servicio tras finalizar un sumario interno. El general Luis Valdés, jefe de la X Zona Policial, explicó que "se aplicaron medidas por adulteración en dos registros de los libros de patrullaje, pero son faltas administrativas y no tienen que ver con la desaparición".
Huenante fue detenido por lanzar piedras a un furgón policial. Luego su rastro se perdió.
INDH acusa uso desmedido de la fuerza
30 de diciembre: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en una declaración pública denunció uso desmedido de la fuerza policial sobre los hechos acontecidos este 29 de diciembre en Isla de Pascua y que han afectado a grupos de habitantes de pueblos originarios.
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos -señala el comunicado- deplora el uso desmedido de la fuerza en reemplazo del diálogo y la moderación que los compromisos internacionales y la prudencia exigen, por lo que formulamos un llamado al Gobierno a reponer las condiciones para una solución pacífica del conflicto, en términos armónicos con las obligaciones y criterios contenidos en el Convenio 169, la Declaración de la ONU y los demás instrumentos de DDHH pertinentes”.
Más información en: www.fasic.org
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