El estado de los Derechos Humanos en Chile: Visión y desafíos desde la sociedad civil y pueblos indígenas
A pesar de los compromisos manifestados por Sebastián Piñera en la materia, tanto en su programa de gobierno como más tarde, en el mensaje que como Presidente presentara ante el Congreso Nacional, los avances en el cumplimiento de dichos compromisos así como de las obligaciones adquiridas por el estado de Chile a través de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito, son muy insuficientes.
En el día internacional de los derechos humanos, un grupo de organizaciones de sociedad civil y de pueblos originarios hacemos llegar a la opinión pública nuestra visión sobre la situación de estos derechos en Chile en la actualidad, así como sobre los desafíos que ellos plantean al estado y a la sociedad chilena.
Constatamos que el 2010 ha sido un año deficitario para la vigencia de estos derechos en el país, ya que no solo no se ha avanzado en la introducción de reformas jurídicas y políticas imprescindibles para hacer posible el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, sino que tampoco se han adoptado las políticas públicas que permitan asegurar su ejercicio efectivo.
A pesar de los compromisos manifestados por Sebastián Piñera en la materia, tanto en su programa de gobierno como más tarde, en el mensaje que como Presidente presentara ante el Congreso Nacional, los avances en el cumplimiento de dichos compromisos así como de las obligaciones adquiridas por el estado de Chile a través de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito, son muy insuficientes. Así observamos que el estado chileno no ha adoptado las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de derechos humanos.
Entre los ámbitos de derechos humanos en que nuestro país tiene el más grave déficit destacamos la persistencia del Decreto-Ley de Amnistía cuya derogación fuera mandatada por la Corte IDH al estado chileno en la sentencia pronunciada en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile el 2006, legislación que impide hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado. También nos preocupa la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles, en contradicción con lo dispuesto por la CIDH en la sentencia recaída en el caso Palamara Iribarne v. Chile (2005), en la que conminó al estado a modificar el Código de Justicia Militar, limitando su jurisdicción al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar. La ley aprobada por el Congreso en octubre pasado en el contexto de la huelga de hambre que este año desarrollaron los mapuche procesados por Ley Antiterrorista mantuvo pendiente para el futuro la discusión sobre el término del fuero militar para juzgar a civiles por delitos en contra de militares
En materia de derechos políticos nos preocupa la vigencia del sistema electoral binominal, el que impide a amplios sectores de la ciudadanía de la posibilidad de contar con representación política en el parlamento, lo que ha desincentivado el derecho a la participación política por la vía electoral. También nos preocupa la dilación en la discusión de materias como la inscripción automática y el voto voluntario, el voto de quienes residen en el exterior, así como la reglamentación de la elección popular de los gobiernos regionales.
En materia de derechos de pueblos indígenas, no obstante la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT, sigue sin lograrse el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, y sin reformarse la legislación sectorial que resulta contradictoria con las disposiciones de este Convenio internacional. Igualmente preocupante son los proyectos de inversión en territorios indígenas que se siguen imponiendo en contra la voluntad de las comunidades y con graves impactos sociales, culturales y ambientales. Nos preocupa además la paralización de la política de tierras indígenas y los nuevos enfoques de política pública que priorizan la superación de la pobreza por sobre la restitución de tierras de propiedad ancestral conforme a los lineamientos del derecho internacional.
Otro hecho grave ha sido el procesamiento por Ley Antiterrorista de integrantes del pueblo mapuche por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras. El acuerdo suscrito entre los presos mapuche y el gobierno al término de la huelga de hambre que los primeros sostuvieran por más de 80 días, mediante el cual este último se comprometió a recalificar las querellas de carácter terrorista que había presentado contra los mapuche imputados, ha sido cumplido solo de manera parcial por el Gobierno.
En materia de derechos de la mujer, el estado sigue sin ratificar del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, así como tampoco ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de derogar el régimen actual de sociedad conyugal que discrimina en contra de las mujeres impidiéndoles la administración de sus bienes. Tampoco se avanzó en el debate legislativo de medidas contra la discriminación y en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas que viven juntas con independencia de su orientación sexual. Preocupa además el retroceso en la participación política de las mujeres al haberse puesto fin a la paridad en altos cargos gubernamentales.
En materia de derechos de los y las migrantes sigue sin abordarse una realidad social creciente en el país lo que resulta en un trato discriminatorio tanto legal como cultural en su contra. Durante el año 2010 no se introdujeron cambios a la legislación que se les aplica, salvo una legislación relativa a la protección de los refugiados (Ley N° 20.430 de abril de 2010) pero cuya reglamentación se encuentra pendiente, lo que la hace inoperativa a la fecha.
En materia de derecho al medio ambiente, la Ley N°20.417 promulgada en enero pasado reformando la Ley de Bases del Medio Ambiente (N°19.300 de 1994), si bien fortalece la institucionalidad ambiental, no introduce avances significativos en lo referido a la garantía del derecho de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, ni en lo que se refiere a la evaluación ambiental estratégica. También resulta preocupante el respaldo abierto que el actual gobierno ha otorgado a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, y de explotación comercial en áreas protegidas del estado, que vulneran los derechos de las comunidades locales e indígenas, y tienen graves impactos adversos en el medio ambiente.
Por otro lado se mantiene la privatización de los recursos hídricos en Chile, establecida en la Constitución en 1980 y en el Código de Agua de1981, legislación que ha generado monopolización de los derechos de agua por grupos económicos, la circulación especulativa del recurso y el desabastecimiento de los usuarios tradicionales. El régimen de aguas así concebido ha generado graves conflictos hídricos en el país. Es así como prácticamente todos los conflictos ambientales que conciernen a empresas extractivas de recursos naturales en Chile, involucran cuestiones críticas en relación a los recursos hídricos.
En materia de derechos ciudadanos, se valora la aprobación por el Congreso, tras casi una década de discusión, de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Esta ley, que viene a regular el derecho constitucional de asociación, si bien contiene avances en algunas materias, no incorpora muchas de las propuestas que fueron elaboradas desde la sociedad civil para fortalecer el rol de las organizaciones sociales en la vida pública. Su aprobación tampoco va asociada a la dotación de un presupuesto que permita que un financiamiento público para el desarrollo de la sociedad civil y la participación ciudadana.
Lamentamos la falta de voluntad política real para incluir en la agenda la idea de legislar en favor de la creación de una Defensoría de las Personas (Ombudsman) verdaderamente autónoma, con legitimación activa y plenamente conforme con los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos o Principios de París.
Constatamos con preocupación que se ha mantenido el excesivo rol de las policías, en particular a Carabineros, sin el debido control por parte de la autoridad sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de sus integrantes. Como resultado de lo anterior se han verificado numerosos casos de violencia policial en contra de la población civil, y en especial, de personas pertenecientes a a los pueblos indígenas.
Nos preocupan las deplorables condiciones de vida de los internos en los centros penitenciarios del país, la sobrepoblación en relación a la capacidad del sistema penitenciario, los castigos en celdas solitarias y otros, los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que son objeto. Dos hechos críticos evidencian el 2010 el agravamiento de esta situación; el terremoto de febrero que afectó seriamente la infraestructura carcelaria de recintos de las regiones Séptima y Octava regiones con un saldo de once muertos y ocho heridos, además de fugas masivas y amotinamientos, y al momento de elaborarse esta opinión, el incendio que afecto al penal de San Miguel que provocó la muerte de más de 80 reclusos.
En materia de derechos económicos sociales y culturales, constatamos con preocupación la persistencia de serias limitaciones al ejercicio de derechos laborales, entre ellos el derecho de sindicación y el derecho a huelga. Por otro lado, el accidente ocurrido en la mina San José cerca de Copiapo, dejó en evidencia la falta de protección y seguridad laboral existentes en el país, cuyas consecuencias para los trabajadores son graves.
Cuestionamos además el rol desarrollado por el estado en apoyo de las víctimas del terremoto, así como la insuficiencia y descoordinación de las políticas públicas para garantizar sus derechos básicos de salud, vivienda y educación luego del sismo. También resulta preocupante el incremento de la pobreza en el país de acuerdo a la última encuesta CASEN (Julio 2010), así como el deterioro en la distribución del ingreso constatada por la misma encuesta.
En el campo de libertad de expresión y derecho a la comunicación, condenamos la vigencia del Artículo 36B(a) de la Ley general de telecomunicaciones como atentatorio a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el que establece penas carcelarias a radios que transmiten sin autorización. Durante el año 2010 se han denunciado 6 casos de aplicación de dicho articulado, donde se han incautado equipos a radiodifusores comunitarios y se han cerrado emisoras. A esto se suma la débil legislación en radios comunitarias promulgada en mayo 2010, cuya revisión y adecuación a los estándares internacionales de libertad de expresión es imprescindible.
Finalmente, nos preocupan gravemente los problemas de que adolece la institucionalidad jurídica vigente, la que sustentada en la Constitución de 1980, proyecta los valores y principios de la génesis autoritaria de ésta, lo que repercute de manera directa en la vigencia de los derechos humanos en Chile. A pesar de las reformas a dicha Constitución esta sigue manteniendo un núcleo de derechos de marcado sesgo liberal, que enfatiza el resguardo a la propiedad privada, apenas consagra el derecho al trabajo, y privilegia la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Asimismo, continúan existiendo las llamadas leyes de “súper mayoría” (Leyes Orgánicas Constitucionales, Leyes de Quorum Calificado), que son las que configuran los lineamientos básicos de la política, la economía y la sociedad, y que, debido a su alto quórum de reforma, impiden el cambio de los lineamientos elaborados por el gobierno militar, haciendo imposible un verdadero gobierno de la mayoría. Siguen existiendo mecanismos de control “contramayoritarios” como el Tribunal Constitucional, el que por sus objetivos, atribuciones y conformación, continúa erigiéndose como un obstáculo para el desarrollo de una democracia legitima, y para la plena y efectiva vigencia de los derechos humanos en Chile.
Consideramos, por lo mismo, que dicha institucionalidad se ha transformado en un obstáculo central para el reconocimiento de los derechos humanos y para la profundización de la democracia en nuestro país. Por lo mismo, hacemos un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a los distintos poderes del estado a desarrollar un debate sobre la relación existente entre los déficit que nuestro país tiene en materia de derechos humanos con el marco institucional vigente, en particular la Constitución Política de 1980, que a nuestro juicio consideramos urgente sustituir por una nueva Constitución emanada del ejercicio efectivo de la soberanía.
Llamamos también a los movimientos sociales, de derechos humanos, a los pueblos indígenas, a desarrollar alianzas que permitan el desarrollo de estrategias comunes de trabajo que vayan más allá de aquellas que desarrollan para alcanzar las legitimas demandas por derechos que orientan su acción, de modo de abordar desde una perspectiva común, con respeto a la diversidad cultural, generacional y de género, los enormes desafíos que desde la perspectiva de derechos humanos tiene nuestro país, los que nuestro entender requieren de transformaciones institucionales profundas.
Llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya creación como institución nacional de derechos humanos valoramos, a trabajar en forma colaborativa con la sociedad civil en la introducción de las reformas jurídicas políticas y culturales necesarias para hacer posibles las transformaciones de derechos humanos que anhelamos
Finalmente, hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas en Chile a cooperar más activamente con la sociedad civil en nuestros esfuerzos por monitorear el cumplimiento por parte del estado de Chile de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, le instamos a apoyar la difusión y otras acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratado, los procedimientos especiales, han hecho a Chile en esta materia en los últimos años cuyo cumplimiento sigue pendiente.
10 de diciembre de 2010.
ACCIÓN (ASOCIACIÓN CHILENA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES)
AMNISTÍA INTERNACIONAL CHILE
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA CHILENA
CINPRODH (CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)
CINTRAS (CENTRO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS)
CODEPU (CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)
CONSEJO DE PUEBLOS LICKAN ANTAY (ATACAMEÑOS)
COORDINADORA AYMARA POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE ARICA PARINACOTA
COORDINADORA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DE VALDIVIA
CORPORACION HUMANAS (CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO)
CORPORACIÓN LA MORADA
FUNDACIÓN TERRAM
LIBERAR (APRUPACIÓN POR LA LIBERTAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)
OBSERVATORIO CIUDADANO
WALLMAPUWEN
