martes, 23 de noviembre de 2010
Invitación: Charla con expertos forenses de Argentina en Londres 38
INVITACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Confirmar asistencia en : confirmaciones@indh.cl o al 2-8878800
INVITACION A SEGUNDA CLASE DE ESCUELA SINDICAL
Esta clase, la segunda del módulo: “Historia del Movimiento Obrero”, la dará el historiador Sergio Grez Toso y se titula: “Movimiento popular y movimiento obrero, 1850-1925”, quien publicó un libro con su investigación al respecto.
Se referirá a una síntesis histórica de los principales hitos que significaron el tránsito desde una fase caracterizada por el mutualismo y otras iniciativas regenerativas populares inspiradas por una idea de cooperación de los trabajadores entre sí, a la fase de la emergencia y desarrollo del sindicalismo libre y de las ideologías clasistas de redención social (del anarquismo y del socialismo), para terminar en los inicios del sindicalismo legal y las bases del "Estado de compromiso" que empieza a construirse a mediados de la década de 1920.
Nuestro Centro es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito es la formación de trabajadores integrales para enfrentar la realidad sindical de nuestros tiempos. Por tanto, la invitación es abierta y gratuita. Este curso contempla los siguientes Módulos:
Historia del Movimiento Obrero.
Legislación Laboral.
La Organización Sindical y su lucha en Chile hoy.
Para mayor información, favor llamar a los gremios:
Teléfono ASOCIACION: 5767394 hábil desde 10 a 18 horas, Lunes a Viernes.
Teléfono SITERMAC: 6980232 hábil desde 19 a 20 horas, Lunes a Viernes.
Informamos que la clase inaugural, a cargo de economista e investigador Rafael Agacino, contó con la participación de 25 trabajadores y dirigentes sindicales, de los gremios patrocinadores así como invitados, mayormente de la salud y bancarios.
Dada la claridad expositiva así como lo interesante de los instrumentos análisis para comprender los procesos de toma de conciencia y los períodos por los que ha atravesado el movimiento obrero para construir su proyecto propio, la clase terminó con un aplauso cerrado. El compañero Rafael Agacino quedó invitado para participar en el tercer módulo, con que concluye esta Escuela de Formación Sindical, referido a las luchas de los trabajadores en el Chile de hoy.
CENTRO DE FORMACION SINDICAL
Director: Ricardo Frodden
“LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
SERÁ OBRA DE LOS PROPIOS TRABAJADORES” ,
Luís Emilio Recabarren.
ORGANIZACIONES PATROCINADORAS:
SINDICATOS SITERMAC, COANIL Y Nº 2 VOX BANCO SANTANDER
Y ASOCIACION HOSPITAL EL PINO.
Amnistía Internacional- Noticias al 3 de Noviembre
Necesitamos tu apoyo : Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria
Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria:COMO SI VEINTE AÑOS NO FUERAN NADA
Un claro retroceso en materia de derechos humanos y memoria introduce el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo, para el año 2011. En dicho proyecto se suprime el financiamiento otorgado por primera vez, en 2009, a través de la Ley de Presupuesto, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria, como la Corporación Villa Grimaldi y Londres 38, y se reemplaza por un fondo concursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.
A fin de descalificar la decisión adoptada por el anterior gobierno y aprobada por el Congreso Nacional, representantes del actual gobierno y de la derecha han afirmado que esta asignación fue una concesión a “grupos de presión afines a la anterior administración”, desconociendo que la aprobación de esos recursos fue resultado de un largo proceso, en el que amplios sectores de la sociedad luchamos, durante décadas, por verdad y justicia, exigiendo al Estado el reconocimiento de sus responsabilidades en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, y demandando una política de reparación del grave daño provocado a la sociedad.
El actual gobierno parece desconocer que todo Estado democrático tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular aquellos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos en su representación y bajo su responsabilidad. También parece ignorar que ello conlleva el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho a la memoria, no para instaurar una visión única, sino para asegurar su ejercicio con autonomía y libertad.
Lo anterior es particularmente importante en una sociedad como la nuestra en la que conviven diversas memorias sobre el periodo, en la que aún no existe un consenso ético de condena irrestricta a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Aún hay sectores sociales y políticos de gran influencia, que niegan estos hechos o los justifican como parte de un proceso de restablecimiento del “orden”. Conscientes de ello, ya en 1991, los miembros de la Comisión Rettig –entre ellos destacados representantes de la derecha chilena--, establecieron en su informe final un conjunto de Recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica para que "en el plazo más prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las victimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social", recomendación que el actual gobierno claramente ha desoído.
Luego, como forma de responder a las iniciativas de construcción de memoriales y monumentos a lo largo del país, por parte de diversas comunidades, el ejecutivo comenzó a destinar recursos a este fin, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.En 2008, por primera vez se constituyó una Mesa bipartita de trabajo encargada de elaborar un proyecto para un ex centro de detención, tortura y exterminio (Londres 38). Esta instancia estuvo integrada por las organizaciones de la sociedad civil que demandaban la recuperación del lugar y diversos organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Intendencia Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y la Asesora Presidencial en materia de derechos humanos.
Producto de la labor de la Mesa, las máximas autoridades de estos organismos asumieron el compromiso de proveer financiamiento público permanente para sustentar la gestión de este espacio de memoria, lo que se materializó en la Ley de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursos para la habilitación y funcionamiento de un sitio histórico de este tipo. Durante el año 2009, el ejecutivo también acogió la demanda del ex centro de detención Villa Grimaldi que, desde hacía varios años venía demandando que el Estado asumiera su responsabilidad en la mantención del espacio, rescatado de una venta ilícita a comienzos de los años 90. En virtud de la continuidad de los actos y decisiones del Estado, éste no sólo es responsable de los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura y acreditados por tres comisiones ad hoc e innumerables fallos judiciales.
También es cómplice y responsable del ocultamiento de la verdad y del sistemático “borrado” de huellas que llegó hasta la demolición de los ex centros de detención, tortura y exterminio que amenazaban con constituirse en testimonios elocuentes de lo vivido.
Ahora, con la modificación del Presupuesto 2011, el actual gobierno parece decidido a llevar a cabo una nueva borradura de ese pasado en lugar de reconocerlo como lo que es: parte constitutiva del patrimonio y la memoria nacional, y una contribución al conocimiento y comprensión del pasado y, sobre todo, a la profundización de la democracia del presente.
Quienes suscribimos la presente declaración solicitamos al ejecutivo y al Congreso Nacional se garantice el cumplimiento de los compromisos señalados, en tanto éstos constituyen un avance en materia de políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y la memoria.
Santiago, 20 de octubre de 2010
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Londres 38, espacio de memorias Comisión Ética contra la Tortura
Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria enviando nombre y número de carnet (o nombre de la institución que representas) a:
villagrimaldi@villagrimaldi.cl o llámanos al 292 5229
Declaración con motivo del 30 aniversario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)
Formulo la siguiente declaración en nombre de la Federación Española deAsociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (que agrupa a 14organizaciones de derechos humanos, incluida la AEDIDH), y de la World Associationof Former UN Interns and Fellows (WAFUNIF), ambas con estatuto consultivo.
LAS DESAPARICIONES FORZADAS: TREINTA AñOS DESPUéS
Treinta años después de creado el GTDFI, los familiares de los desaparecidosde todo el mundo entienden que el Grupo de Trabajo tiene ante sí dos desafíosprincipales:
1. Revisar y actualizar sus métodos de trabajo, a fin de que éstos sean mástransparentes y cercanos a las víctimas y sus familiares. A estos fines, elGT debería superar el tradicional enfoque “humanitario” de su mandato,para aplicar con criterios estrictamente jurídicos las normas contenidas en laDeclaración y en la Convención. Así se terminaría el tratamiento de cada casorecibido con una opinión individual sobre si el caso constituye una desapariciónforzada o no. En caso positivo, el GT señalaría las medidas de reparación quecorrespondan al Estado interesado. En este sentido, son fuente de inspiraciónlos métodos de trabajo del GT sobre la Detención Arbitraria.
2. El GT ha afirmado con razón que la desaparición forzada de personases un delito continuado en el tiempo y un crimen de lesa humanidadimprescriptible. En consecuencia, el GT debería ayudar a los familiares depersonas desaparecidas a recuperar la memoria histórica y la dignidad de lasvíctimas, recordando a los Estados su obligación internacional de investigarlos casos denunciados. El caso de España es paradigmático: 150.000 casosde desapariciones (de ellos 30.000 niños) ocurridas durante la Guerra Civily posterior represión franquista, siguen pendientes de investigación. Eljuez Garzón lo intentó. Fue suspendido de sus funciones hace 7 meses yprocesado por supuesta prevaricación. Su único delito ha sido no aplicar unaley de amnistía de 1977 que es incompatible con el DIDH.
Gracias, Sr. Presidente.
Ginebra, 5 de noviembre de 2010
Carlos Villán Durán, Presidente de la AEDIDH
Fernando Ruiz, Representante Permanente WAFUNIF
RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE - OCTUBRE 2010
28 de Octubre: La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia por el homicidio del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Becerra Hidalgo, ocurrido entre el 26 y 29 de julio de 1974 en los terrenos de la ex Colonia Dignidad.En su fallo, los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal determinaron que Kurt Schnellenkamp Nelaismischkies deberá cumplir 541 días de presidio remitido por su responsabilidad como encubridor de homicidio. Igual pena se impuso a Rudolf Cöllen Franzkowsky, también en calidad de encubridor del hecho.En el aspecto civil, en tanto, se rechazó la demanda interpuesta en contra de los dos condenados acogiendo la figura de la incompetencia absoluta del tribunal.